La Ley N° 21.663, promulgada en abril de 2024, marca un antes y un después en la protección de la integridad digital del país. Por primera vez, Chile cuenta con un marco legal que obliga a organizaciones públicas y privadas a fortalecer sus sistemas, prevenir incidentes y reportarlos oportunamente.

Entre otras materias, esta normativa establece nuevas responsabilidades para quienes prestan servicios esenciales, exige la designación de delegados de ciberseguridad, incorpora estándares internacionales y crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), responsable de coordinar la gestión de incidentes a nivel nacional.

Durante 2025 la implementación de la ley avanzó con varios hitos, incluyendo en junio la instrucción para empresas prestadoras de Servicios Esenciales para inscribirse en la plataforma oficial de reporte de incidentes de ciberseguridad y en septiembre la resolución que aprueba la primera nómina preliminar de Operadores de Importancia Vital (OIV). Las primeras empresas socias de ALOG fueron identificadas como OIV y durante el año 2026 se espera que la industria en su conjunto sea abordada por el regulador para definir un conjunto sustancial de nuevos OIVs.

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