• El fiscal de la Cámara Nacional de Comercio, Sebastián Hurtado, expuso ante la Comisión de Economía del Senado las principales observaciones del gremio al proyecto de ley que busca prohibir la subcontratación de servicios de teleoperadores fuera del territorio nacional. Si bien valoró los objetivos de proteger el empleo formal y prevenir las estafas telefónicas, advirtió que la iniciativa podría aumentar los costos de las empresas, afectar la calidad de atención a los consumidores y generar restricciones a la competencia, sin garantizar la creación de nuevos puestos de trabajo.

En el marco de la discusión del proyecto de ley que prohíbe subcontratar servicios de teleoperadores que funcionen fuera del territorio nacional (Boletín N° 17.381-03), el fiscal de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Sebastián Hurtado, participó en la Comisión de Economía del Senado, presidida por el senador Gastón Saavedra, instancia en la que presentó la posición del gremio respecto de los posibles efectos de esta iniciativa sobre el comercio, los servicios, el turismo y los consumidores.

Durante su exposición, Hurtado manifestó que la CNC comparte la necesidad de proteger el empleo formal y combatir los fraudes telefónicos. Sin embargo, planteó que una prohibición general de contratar servicios de atención prestados desde el extranjero no asegura que se generen nuevos empleos en Chile ni que disminuyan las estafas, y podría producir consecuencias negativas para las empresas que utilizan estos servicios. En ese sentido, explicó que la CNC representa a empresas del comercio, los servicios y el turismo que requieren contratar atención al cliente, soporte técnico, gestión de ventas, recepción de reclamos y asistencia posventa, por lo que restringir sus alternativas de contratación podría afectar directamente su funcionamiento y competitividad.

Uno de los principales puntos abordados por el fiscal de la CNC fue la falta de antecedentes que permitan asegurar que la prohibición se traducirá en una recuperación efectiva del empleo nacional. Al respecto, señaló que, si bien durante la discusión legislativa se ha planteado la posibilidad de recuperar cerca de 30 mil puestos de trabajo, dicha estimación no cuenta con una evaluación independiente que permita garantizar ese resultado. Asimismo, advirtió que las empresas podrían responder a la restricción reduciendo sus horas de atención, reorganizando sus operaciones o acelerando procesos de automatización, en lugar de contratar necesariamente a nuevos trabajadores en Chile.

Para contextualizar la situación del sector, Hurtado presentó cifras del SII, que muestran que los trabajadores dependientes informados en la actividad de call center disminuyeron desde 40.087 en 2021 a 29.376 en 2024, equivalente a una caída de 26,7%. Sin embargo, destacó que esta cifra sigue siendo un 10,3% superior a la registrada en 2018, lo que evidencia la necesidad de estudiar con mayor profundidad las causas de los cambios en el empleo.

En materia de costos, sostuvo que las empresas ya enfrentan mayores obligaciones laborales, asociadas, entre otros factores, al aumento del salario mínimo, la reducción gradual de la jornada laboral y el incremento de las cotizaciones de cargo del empleador. En este escenario, una nueva restricción podría afectar especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que cuentan con menos recursos para adaptar sus operaciones, contratar equipos propios o reemplazar servicios especializados.

Otro de los aspectos planteados por la CNC fue el posible impacto de la iniciativa en la calidad y continuidad de la atención a los consumidores. Hurtado explicó que numerosas empresas utilizan centros regionales de atención y soporte técnico para mantener servicios disponibles durante las 24 horas, responder a emergencias y enfrentar contingencias que puedan afectar la operación dentro del país. En ese contexto, advirtió que una obligación de operar exclusivamente desde Chile podría reducir las alternativas de respaldo, aumentar los tiempos de espera y afectar servicios esenciales para los usuarios, como la atención de reclamos, la asistencia tecnológica o el bloqueo de medios de pago frente a operaciones sospechosas.

Asimismo, enfatizó que la prevención de las estafas telefónicas debe abordarse mediante mecanismos específicos de identificación de llamadas, trazabilidad, seguridad de la información y fiscalización de conductas fraudulentas, en lugar de establecer restricciones generales basadas únicamente en la ubicación geográfica de los proveedores.

Durante su intervención, el fiscal también expuso observaciones relacionadas con la constitucionalidad y certeza jurídica del proyecto, particularmente respecto de la libertad de desarrollar actividades económicas y la proporcionalidad de las restricciones que se pretende establecer.

Entre los temas que generan preocupación, mencionó la amplitud de los servicios comprendidos en la prohibición, la falta de claridad sobre la autoridad encargada de fiscalizar y sancionar, y la multa fija de 1.000 UF que contempla la iniciativa, sin distinguir entre empresas de distintos tamaños ni considerar la gravedad de las eventuales infracciones. Junto con ello, planteó la necesidad de evaluar la compatibilidad del proyecto con los acuerdos comerciales internacionales suscritos por Chile, considerando que el país no solo contrata servicios desde el extranjero, sino que también participa activamente en la exportación de estas prestaciones.

En esa línea, destacó que, de acuerdo con cifras de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), Chile exportó servicios por US$3.190 millones durante 2025, mientras que las exportaciones correspondientes específicamente a call centers y operaciones telefónicas alcanzaron los US$58 millones.

Para la CNC, estos antecedentes demuestran que Chile tiene oportunidades para seguir desarrollándose como exportador de servicios, mediante inversiones, capacitación, innovación y mejoras en productividad, sin necesidad de establecer barreras generales a la contratación internacional.

Finalmente, Sebastián Hurtado reiteró la disposición de la CNC a colaborar en iniciativas que contribuyan a fortalecer el empleo formal, mejorar la seguridad de las comunicaciones y proteger los derechos de los consumidores. No obstante, planteó que resulta indispensable contar con evaluaciones técnicas sobre el impacto de la propuesta en el empleo, los costos empresariales, la competencia, la continuidad de los servicios y los compromisos comerciales internacionales del país. En esa línea, el gremio solicitó al Senado reconsiderar el mecanismo propuesto y avanzar en medidas específicas y proporcionales, que permitan prevenir los fraudes telefónicos y fomentar la contratación de trabajadores, sin restringir innecesariamente las posibilidades de crecimiento de las empresas.