En el marco del foro técnico-político “Lucha contra el Comercio Ilícito: de la gobernanza global a la recuperación de la calle”, organizado por la Biblioteca del Congreso Nacional en Valparaíso, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pakomio, participó como expositor junto a autoridades, expertos y representantes internacionales.
La instancia reunió a actores del mundo público y privado con el objetivo de analizar el avance de la economía ilegal y proponer respuestas integrales frente a un fenómeno que impacta directamente en el desarrollo económico, la seguridad y la calidad de vida de las personas.
Durante su intervención, el líder gremial abordó el comercio ilícito como una amenaza estructural al tejido económico y social del país, enfatizando la necesidad de fortalecer la colaboración público-privada para enfrentar este fenómeno de manera eficaz y sostenible. En su presentación, José Pakomio relevó el trabajo que ha desarrollado el Observatorio del Comercio Ilícito y Seguridad (OCIS), que este año cumple una década, destacando su rol en la generación de información, propuestas legislativas y articulación con autoridades para combatir el comercio ilegal en Chile. Asimismo, hizo hincapié en la creciente vinculación del comercio ilícito con el crimen organizado y otros fenómenos delictivos, lo que exige avanzar en una mirada integral que combine fiscalización, persecución penal, cambios normativos y campañas de concientización.
Pakomio indicó que “hoy el combate al comercio ilícito no puede recaer únicamente en la fiscalización o en las policías. También necesitamos educar a los consumidores, porque finalmente es la demanda la que termina generando la oferta. Cada vez que una persona compra en el comercio informal, muchas veces sin saberlo, está alimentando redes que se vinculan al crimen organizado, al lavado de activos, a la evasión tributaria y a delitos que afectan directamente la seguridad de nuestras ciudades”.
Agregando que “la Región de Valparaíso cumple un rol estratégico en este desafío, considerando que concentra algunos de los principales puertos marítimos del país. Por ello, el combate al comercio ilícito debe partir con fuerza desde esta zona, especialmente cuando vemos que las bandas criminales están constantemente abriendo nuevas rutas para el ingreso y distribución de mercancías ilegales. En ese contexto, es fundamental fortalecer el control efectivo de las rutas utilizadas por el crimen organizado, mejorar la coordinación entre las instituciones y avanzar en una fiscalización más inteligente y oportuna. Por eso, desde el OCIS, hemos impulsado una agenda concreta con 35 medidas para avanzar durante 2026, fortaleciendo la fiscalización, promoviendo cambios legislativos, desarrollando canales de denuncia, trabajando con municipios, policías, el Ministerio Público y el SII, además de campañas de concientización ciudadana”.
Pakomio recalcó que “este desafío requiere una articulación permanente entre el Estado, el sector privado y la ciudadanía. Solo con colaboración público-privada, más información y consumidores conscientes podremos proteger el comercio formal, recuperar los espacios públicos y avanzar hacia un país más seguro”.
El foro contó también con la participación del senador Andrés Longton, quien se refirió al marco normativo, las brechas legales y propuestas legislativas frente al crimen organizado; también el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, quien expuso sobre seguridad comunal y economía ilegal según la experiencia desde la gestión municipal. Por su parte Pablo Zeballos, investigador sobre crimen organizado transnacional, se refirió a las nuevas lógicas de este fenómeno y su expansión global y presencia en Oceanía; mientras que Blaine Freestone, agregado jurídico adjunto del FBI en la Embajada de Estados Unidos, habló sobre la cooperación bilateral y las estrategias de ese país en la lucha contra el tráfico ilícito.
La actividad permitió generar un espacio de diálogo y reflexión sobre los desafíos que enfrenta el país en materia de comercio ilícito, reforzando la importancia de avanzar hacia políticas públicas coordinadas que permitan recuperar los espacios públicos, fortalecer la seguridad y proteger al comercio formal.
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