OCIS fortaleció trabajo en Iquique con reuniones con la Fiscalía Regional y Aduanas para enfrentar el comercio ilícito y delitos asociados

En el marco de una agenda de trabajo en la Región de Tarapacá, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), José Pakomio, junto al gerente del Observatorio del Comercio Ilícito y Seguridad (OCIS), Sergio Morales, y Nicole Kuppenheim, secretaria ejecutiva, sostuvieron importantes reuniones con autoridades regionales para abordar los desafíos que enfrenta la zona en materia de comercio ilícito, crimen organizado y seguridad.

Uno de los encuentros se realizó con la fiscal regional de Tarapacá, Virginia Aravena, y su equipo, instancia en la que se analizó la compleja situación que enfrenta la región respecto del comercio ilícito y sus vínculos con redes de crimen organizado, así como fenómenos emergentes como la extorsión que afecta al comercio formal.

Durante la reunión también se abordaron los desafíos que enfrenta el Ministerio Público para perseguir estos delitos, especialmente en materias vinculadas a denuncias, incautación y destrucción de mercaderías ilegales. En ese contexto, se relevó la necesidad de avanzar en soluciones que permitan agilizar estos procesos, considerando las dificultades existentes cuando no se cuenta con autorización judicial para la destrucción de productos decomisados.

Asimismo, la delegación de la CNC y el OCIS sostuvo una reunión con el director regional (s) de Aduanas, Ricardo Aceituno, instancia en la que se reforzó la importancia de profundizar el trabajo colaborativo para fortalecer el control de mercadería ilícita que ingresa al país. Entre los acuerdos destacados estuvo avanzar en mayores mecanismos de intercambio de información y promover instancias de capacitación para socios de la Cámara, orientadas a fortalecer capacidades preventivas y de detección frente a este fenómeno.

Estas reuniones forman parte del trabajo permanente que impulsa el OCIS para articular esfuerzos público-privados frente al avance del comercio ilícito y los delitos que impactan al sector, promoviendo coordinación público-privada y elaborando herramientas concretas para proteger al comercio formal y a la ciudadanía.