La asesora legal de la Cámara Nacional de Comercio, María José Rojas expuso ante la Comisión de Economía del Senado, presidida por el senador Daniel Núñez, en el marco de la discusión de los proyectos de ley contenidos en los boletines N°15.610-03 y 16.041-03, que buscan proteger a las personas frente a llamadas publicitarias no deseadas, estableciendo que estas solo puedan realizarse con consentimiento previo.

Durante su presentación, la CNC valoró el objetivo del proyecto, señalando que la protección de las personas frente a comunicaciones no deseadas es una preocupación legítima y compartida. No obstante, advirtió que el diseño actual de la iniciativa presenta deficiencias relevantes y no se ajusta a la realidad normativa y técnica que hoy existe en el país. En ese sentido, María José Rojas recordó que desde 2025 Chile cuenta con una solución concreta y efectiva para enfrentar este problema, a través del sistema de prefijos obligatorios implementado por SUBTEL, que permite distinguir entre llamadas publicitarias no solicitadas y aquellas realizadas con consentimiento. Este mecanismo entrega información previa a las personas, permitiéndoles decidir libremente si contestan o bloquean ese tipo de comunicaciones, otorgando un control real y transparente sobre las llamadas que reciben.

Asimismo, la asesora legal de la CNC destacó que la nueva Ley de Protección de Datos Personales, que entrará en vigencia en diciembre de 2026, ya contempla diversas fuentes de licitud para el tratamiento de datos, incluyendo aquellos asociados a actividades publicitarias, en línea con estándares internacionales. Desde esta perspectiva, señaló que, imponer una prohibición legal absoluta resultaría redundante y poco eficaz, considerando que el problema ya está siendo abordado por la regulación vigente.

Otro punto central de la exposición fue la falta de distinción que hace el proyecto entre llamadas publicitarias y llamadas de cobranza. La representante de la CNC subrayó que ambas responden a naturalezas completamente distintas, ya que mientras la publicidad busca ofrecer productos o servicios, la cobranza tiene como finalidad informar sobre obligaciones derivadas de contratos aceptados voluntariamente por los consumidores. Equiparar ambas situaciones, advirtió, puede debilitar el cumplimiento contractual, dificultar el pago oportuno de deudas y afectar tanto a empresas como a consumidores. Incluso, se recordó que el propio SERNAC ha señalado que uno de los derechos del consumidor es ser informado de la existencia de una deuda y de los procesos de cobranza asociados.

Finalmente, Rojas alertó que, tal como está formulado, el proyecto podría generar efectos contrarios a los buscados, como limitar contactos legítimos, generar contradicciones normativas y debilitar herramientas esenciales para el funcionamiento del mercado. En esa línea, reiteró la disposición del gremio a colaborar en el perfeccionamiento de la iniciativa, proponiendo que esta sea reconsiderada y ajustada a la realidad actual, diferenciando adecuadamente los distintos tipos de llamadas y evitando regulaciones que, lejos de fortalecer la protección al consumidor, puedan terminar generando más problemas que soluciones.