En seminario organizado por la CNC y la INTA expertos hicieron un llamado a modernizar la Ley de Propiedad Industrial para combatir el comercio ilícito en el e-commerce

• Representantes del sector público y privado advirtieron sobre las consecuencias de la venta de productos falsificados en el comercio electrónico para la salud y la seguridad de los consumidores, así como el impacto negativo que tiene en la economía.

Según la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), las ventas online del retail durante el primer trimestre 2024 evidenciaron un alza anual de 0,6%, tras dos años de bajas, una buena noticia para la economía nacional, pero que implica un desafío para las marcas y las autoridades que trabajan en el combate del comercio ilícito.

En el marco del Seminario “E-commerce y la lucha contra productos falsos: Desafíos de la regulación y la autorregulación”, organizado por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC) y la Asociación Internacional de Marcas (INTA), representantes de instituciones públicas y privadas coincidieron en la necesidad de modernizar la Ley de Propiedad Industrial para dotar de mayores atribuciones a las Policías y a la Fiscalía para prevenir, investigar y perseguir a los infractores en el entorno digital.

En el encuentro, inaugurado por el presidente de la CNC, José Pakomio y la directora de la INTA, Carolina Belmar, expusieron Andrés Salazar, director (s) de la Unidad de Delitos Económicos, Medioambientales, Ciberdelitos y Lavado de Activos (Ulddeco) del Ministerio Publico; el prefecto Cristian Ramírez, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual de la PDI; Mirta Letelier, encargada nacional de Salud Pública y Gestión de Aduanas y Loreto Bresky, directora nacional del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI).

“El mundo se ha vuelto más difícil para el seguimiento de organizaciones ilícitas, la sofisticación del fenómeno va in crescendo y las herramientas estatales no son las adecuadas. La ley que rige no alcanza a cubrir infracciones a la Propiedad Industrial en línea”, señaló Andrés Salazar, del Ministerio Publico y agregó que el uso de inteligencia artificial, la colaboración público-privada, la educación y capacitación pueden ser muy buenos aliados para atacar este problema.

Mientras que el prefecto de la PDI, Cristián Ramírez, advirtió sobre la necesidad de modificar la Ley de Propiedad Industrial, para aumentar las sanciones penales y dar mayores facultades a la policía en la investigación y persecución de los infractores.

Por su parte, el Servicio Nacional de Aduanas informó sobre el aumento de los delitos farmacéuticos en los últimos cinco años. “Si en 2018 teníamos 5 millones de incautaciones, actualmente hablamos de 20 millones de productos sensibles para la salud pública, como medicamentos, dispositivos médicos y cosméticos”, señaló Mirta Letelier, de Aduanas.

La actividad contó además con la presencia de Roxana Segura, Legal Director de Adidas y Guadalupe García, Manager de Propiedad Intelectual de Mercado Libre, quienes dieron a conocer sus respectivos programas dirigidos a prevenir el comercio ilícito en el entorno digital.

Mercado Libre posee un programa de protección de marcas que en 2023 eliminó 6 millones de publicaciones proactivamente y más de 714 mil publicaciones por denuncias de titulares de derechos. “Trabajamos en colaboración con marcas y autoridades, incluso presentando denuncias en tribunales que resultaron en recientes allanamientos exitosos. En paralelo, profundizamos nuestras medidas proactivas utilizando algoritmos semánticos y tecnología para detectar logos”, explicó Guadalupe García, Intellectual Property Manager de Mercado Libre.

Mientras que Adidas implementó una iniciativa que permite a sus colaboradores reportar directamente la venta de mercancía falsa tanto en plataformas digitales como lugares físicos, bajo la premisa de que “la marca la cuidamos todos. El consumidor está en el centro y, si bien no podemos hacernos cargo de las falsificaciones, entregamos herramientas para verificar la autenticidad de los productos adquiridos por nuestros consumidores cuando existen dudas de su legitimidad, generando un espacio en el que puedan ayudarnos a denunciar, tarea en la que la colaboración de los marketplaces, la policía y las autoridades es clave”, agregó Roxana Segura, Legal Director de Adidas.

En su intervención, José Pakomio, presidente de la CNC, señaló que “para la CNC la informalidad y el comercio ilícito representan una de sus principales preocupaciones. El fuerte crecimiento que ha experimentado el comercio electrónico en los últimos años, que es una excelente noticia, trae aparejado un riesgo del que debemos hacernos cargo: la informalidad online, en términos simples, es una especie de comercio ambulante “VIP” que se mueve principalmente a través de redes sociales. Como CNC, estamos dedicados a potenciar los esfuerzos que sean necesarios para dar una lucha sin descanso al comercio ilícito, ya que la comercialización de productos falsificados o de baja calidad ponen en serio riesgo la salud y la seguridad de los consumidores”.

Carolina Belmar, directora para LATAM y el Caribe de la INTA, valoró el consenso respecto a la necesidad de capacitar de manera continua a los técnicos y agentes del Estado, educar a las nuevas generaciones sobre el valor de las marcas y la relevancia de comprar productos originales, la colaboración público-privada, así como de adecuar la legislación.

Por su parte, Paula Fernández Pfizenmaier, directora de Propiedad Intelectual y Brand Protection global de Mercado Libre, destacó el trabajo de la INTA -organización internacional en la cual es directora de su board-, al promover la armonización de leyes y políticas para la protección de las marcas, colaborando con autoridades nacionales y locales en campañas de concientización e investigación.

“El e-commerce debe ser un espacio seguro y confiable (Mercado Libre es una prueba de ello) y la PI tiene que ser una prioridad en la generación de políticas públicas, porque en sus distintas dimensiones fomenta la inversión, genera ingresos, y promueve la difusión y preservación del conocimiento. Los distintos actores del sector público y privado son piezas de un mismo rompecabezas en la lucha contra la falsificación y piratería. Si actuamos coordinados y en colaboración, podremos obtener resultados sostenibles”, culminó Paula Fernández Pfizenmaier