• En la instancia los socios pudieron conocer en profundidad los textos elaborados por la CNC acerca de materias como los derechos de los consumidores o el futuro del trabajo, los que posteriormente serán entregados a la Convención Constituyente para su análisis. Al respecto, el presidente de la CNC señaló que “estamos ante un momento único en la historia del país y nos encontramos esperanzados de que estos documentos serán un verdadero aporte para el debate al interior de nuestros gremios asociados y del público en general”.

 

Con la finalidad de profundizar en los textos elaborados por el gremio que buscan ser un aporte en el desarrollo del proceso constituyente, es que la CNC organizó un conversatorio donde se revisaron los tres últimos informes elaborados por la comisión constitucional del gremio: sobre los Derechos Digitales, exposición a cargo del abogado Diego Miranda; acerca de los Derechos del consumidor, a cargo del abogado Gaspar Jenkins y el último sobre Diálogo social para el nuevo y futuro mundo del trabajo, del abogado Rodrigo Azócar.

Al respecto, el presidente de la CNC, Ricardo Mewes, señaló que esta instancia culmina un trabajo que comenzó hace más de un año cuando en marzo del 2020 se realizó la primera charla constitucional. “Esa actividad fue el puntapié inicial de un ciclo de conversatorios que tendrían por foco capacitar en aquellos aspectos más relevantes y necesarios de comprender para luego reflexionar y fijar una posición del gremio, lo que se iba a generar a través de cabildos en Santiago y en regiones. No contábamos con una pandemia, la que nos obligó a modificar completamente ese plan y finalmente hubo que avanzar de otra forma, la cual igualmente permitió que todo el gremio participase en la elaboración del informe final”.

Mewes recalcó que el proceso implicó un largo camino para llegar a un solo documento, el que tuvo siempre presente la rigurosidad técnica de los asesores y la participación democrática del gremio. Agregando que “fuimos uno de los primeros gremios en realizar un ejercicio que se anticipara al trabajo de la Convención. Muy temprano entendimos que nos enfrentábamos a un tema de importancia trascendental, ya no únicamente desde el punto de vista de las consideraciones jurídicas, sino que, sobre todo, desde sus efectos en la empresa y en la sociedad. Estamos ante un momento único en la historia del país y nos encontramos esperanzados de que estos documentos serán un verdadero aporte para el debate al interior de nuestros gremios asociados y del público en general”.

Derechos digitales

En su exposición, Diego Miranda señaló que, desde la premisa que la transformación digital que ha vivido nuestra sociedad ha tenido, tiene y tendrá la posibilidad real de afectar los derechos fundamentales de las personas, la CNC propone y defiende la idea de que en la elaboración de una nueva Constitución Política la consideración del entorno digital debe formar parte de las preocupaciones del poder constituyente.

En esta dirección, agregó que, para la CNC algunos de los aspectos centrales a ser considerados en el contexto actual del ciberespacio son los relativos al derecho de acceso a Internet, la adaptación de los derechos laborales al entorno digital, el derecho a la privacidad y la libertad de expresión, la debida protección de menores en Internet, la protección de datos personales, los problemas derivados de la ciberseguridad y de las nuevas aplicaciones de la Inteligencia Artificial.

También destacó la importancia de las nuevas tecnologías como motor de desarrollo, crecimiento y de transformación digital, cuya promoción es esencial para lograr la inclusión social del ser humano, con igualdad de oportunidades y que en la regulación de los derechos digitales debe entenderse como elemento esencial de ellos el respeto a la dignidad de la persona.

Miranda enfatizó que el ser humano debe seguir siendo el centro de la regulación constitucional, rechazando cualquier intento tendiente a su instrumentalización con vista en objetivos colectivos. Lo anterior, tendrá especial importancia en la regulación que se establezca en áreas como la protección de menores, la seguridad o la educación en un espacio digital.

Junto con ello relevó el contemplar el derecho universal de acceso a internet como un principio que debe guiar la actividad de los órganos del Estado en su labor legislativa o en la determinación de políticas públicas, al entenderlo como un derecho básico y de acceso a los restantes y que se entiende como necesario en el contexto actual, siendo exigencia particular de un adecuado cumplimiento de la garantía de igualdad de oportunidades en el concierto nacional.

Derechos del consumidor

Por su parte, Gaspar Jenkins señaló que la postura de la CNC considera que en el proceso de la redacción de la Carta Fundamental en materia de derechos del consumidor es superar la mirada de “tutela o garantías implícitas” consagrando valores y principios expresos que permitan crear la base jurídico-social, protegiendo dos grandes principios: uno dirigido a tutelar a consumidores, y otro destinado a resguardar la libre competencia y el trato igualitario a los proveedores de bienes y servicios por parte del Estado.

Destacó también que un segundo aspecto de relevancia tiene que ver con los órganos encargados de intervenir en estas materias. Indicó que, en la actualidad, no es común encontrar organismos con consagración constitucional competentes en la protección del consumidor, por tanto, es lícito abrir el debate sobre la necesidad de la creación de organismos estatales destinados a proteger a los consumidores o a la libre competencia.

Jenkins indicó que la postura de CNC discrepa de la necesidad de crear en la Constitución organismos que pudieran ser abordados adecuadamente en la ley, reservando la consagración constitucional a los organismos que ejercen la soberanía nacional. Añadió que la propuesta en base a esto es modernizar el sistema, potenciando la información y mecanismos alternativos de resolución, sin que sea necesario que la Convención Constitucional emita pronunciamiento sobre un órgano específico, para que el asunto sea tratado democráticamente por el Congreso nacional.

Diálogo social para el nuevo y futuro mundo del trabajo

Para finalizar, Rodrigo Azócar señaló que el gremio considera que la nueva Constitución debe contener los aspectos básicos y mínimos que deban regir la relación laboral, pero que, al mismo tiempo, pueda mantener la flexibilidad necesaria para adaptarse a los rápidos cambios que va sufriendo la sociedad a lo largo del tiempo y que afectan también al ámbito laboral.

Indicó que también debe respetar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, incluyendo a los trabajadores e incentivar la formalidad a todo nivel, especialmente la laboral y el cumplimiento estricto a la legislación vigente.

Azócar enfatizó que el texto debe considerar especialmente los grandes desafíos que se presentan para el nuevo y futuro mundo del trabajo de las próximas décadas. En este contexto, indicó que urge incentivar el diálogo social y que una nueva Constitución debe asegurar una serie de libertades que hagan posible el ejercicio de la libertad sindical, como lo es el derecho a la vida y la seguridad personal, el derecho a la libertad y la seguridad contra la detención y el arresto arbitrario, la libertad de expresión y de opinión, la libertad de reunión, el derecho a un proceso justo por un tribunal independiente e imparcial, el derecho a la protección de la propiedad de las organizaciones de trabajadores y empleadores.

Por otro lado, indicó que también debe promover el sindicalismo robusto, profesional e independiente de toda injerencia externa de terceros y del Estado, con tal que fomente y defienda los derechos de sus asociados. En línea con lo anterior, también debe incentivar las negociaciones en el ámbito laboral, concretando el diálogo social.

Al finalizar el conversatorio se informó a los socios que estos textos se compilarán en un solo documento y se les hará entrega a las autoridades de este material para su análisis y estudio.